Negligencia puede poner a Machu Picchu como patrimonio en peligro
Cuzco, Perú (EFE).- La ciudadela incaica de Machu Picchu, uno de los lugares turísticos más atractivos del mundo, está amenazada por la sobrepoblación del pueblo aledaño y por la presunta corrupción y negligencia de los gestores municipales, lo que puede llevar a la UNESCO a ponerla en la lista de patrimonios en peligro.
Expertos consultados por EFE señalaron que Machu Picchu, ubicada a 130 kilómetros al noroeste del Cuzco, corre el peligro de sufrir graves daños si no se reubica el pueblo de Aguas Calientes (o Machu Picchu pueblo) ubicado en sus faldas, porque "ha creado un
microclima contaminante y que amenaza su futuro inmediato".
Según la legislación peruana, sobre Machu Picchu tienen competencias el Ministerio de Comercio y Turismo, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Recursos Naturales, la Municipalidad de Aguas Calientes y el gobierno regional de Cuzco.
Hasta hoy ninguno de ellos han podido fijar la cantidad de turistas que debe recibir Machu Picchu o fijar condiciones para las visitas, según los expertos.
Para llegar a las ruinas históricas es obligatorio tomar un tren en Cuzco que lleva hasta la estación de Puente Ruinas, donde se encuentra Aguas Calientes.
"Aguas Calientes es un pueblo instantáneo creado a la usanza del viejo oeste norteamericano: al costado de una mina de oro", dijo a EFE Yasmine Martín, gerente de la empresa ferroviaria Perú Rail, que gestiona el trayecto al centro arqueológico.
Solo 15 kilómetros separan la ciudadela de Aguas Calientes, que se ha convertido en un pueblo "incrustado" en las laderas del cerro, con hoteles de seis pisos, restaurantes, dos prostíbulos, un café con conexión a internet, un mercado ambulante y un espacio para las
viviendas de los pobladores.
Para el especialista peruano en reservas naturales Alberto Martorell, Machu Picchu "es un ejemplo de planificación parcial motivada por factores económicos y donde siempre los ingresos se convirtieron en un atractivo para los pobladores cercanos que se han
trasladado al núcleo urbano".
La próxima semana, en la 28 sesión de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) que se celebrará en la ciudad china de Suzhou, se va a decidir si se declara a Machu Picchu patrimonio "en peligro".
Una de las personas a las que se culpa de permitir el caos que reina en el pueblo situado bajo Machu Picchu, que maneja la empresa de los autobuses que llegan a la ciudadela y que autoriza de manera arbitraria las licencias de construcción y funcionamiento en la zona es el actual alcalde de Aguas Calientes, Oscar Valencia.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, César García, culpó al actual alcalde de Aguas Calientes, Oscar Valencia, de permitir el caos en el pueblo y lo criticó por acaparar diversos negocios que se nutren de la ciudadela.
Según García, el edil gestiona la empresa de los autobuses que llega a las ruinas y autoriza de manera arbitraria las licencias de construcción y funcionamiento en la zona.
Oscar Valencia, del partido aliado al gobierno Frente Independiente Moralizador (FIM), dijo a EFE que su municipio es responsable del reordenamiento urbano y admitió no haber limitado el crecimiento en zonas de riesgo.
"Es verdad que se ha construido en zonas no permitidas, pero la problemática es peruana. En Machu Pichu es aún peor porque en este pueblo no hay donde se pueda crecer", dijo Valencia.
Los especialistas en Machu Picchu consideran que lo único que ha salvado la ciudadela ha sido su difícil acceso desde Cuzco ya que la línea férrea es de vía angosta lo que limita el número de turistas.
El burgomaestre de Machu Picchu-Pueblo consiguió en abril pasado que el congreso peruano aprobara que el 10 por ciento de los ingresos de la ciudadela se quedaran en el municipio, lo que supone un importe anual de unos 700.000 dólares.
"La gente vive acá hace 200 años", afirmó el alcalde, quien consideró que la consultora encargada por la UNESCO de preparar el informe que se estudiará en China "ha sesgado su opinión para echarle la culpa al pueblo".
Valencia enfrenta diversos procesos judiciales, entre ellos por construcciones ilegales y trato privilegiado a sus empresas.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional desestimó una ordenanza municipal firmada por Valencia con la que pretendía ampliar las concesiones para su empresas de transporte de viajeros, que, según César García, ingresa anualmente más de 4 millones de
dólares.
Expertos consultados por EFE señalaron que Machu Picchu, ubicada a 130 kilómetros al noroeste del Cuzco, corre el peligro de sufrir graves daños si no se reubica el pueblo de Aguas Calientes (o Machu Picchu pueblo) ubicado en sus faldas, porque "ha creado un
microclima contaminante y que amenaza su futuro inmediato".
Según la legislación peruana, sobre Machu Picchu tienen competencias el Ministerio de Comercio y Turismo, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Recursos Naturales, la Municipalidad de Aguas Calientes y el gobierno regional de Cuzco.
Hasta hoy ninguno de ellos han podido fijar la cantidad de turistas que debe recibir Machu Picchu o fijar condiciones para las visitas, según los expertos.
Para llegar a las ruinas históricas es obligatorio tomar un tren en Cuzco que lleva hasta la estación de Puente Ruinas, donde se encuentra Aguas Calientes.
"Aguas Calientes es un pueblo instantáneo creado a la usanza del viejo oeste norteamericano: al costado de una mina de oro", dijo a EFE Yasmine Martín, gerente de la empresa ferroviaria Perú Rail, que gestiona el trayecto al centro arqueológico.
Solo 15 kilómetros separan la ciudadela de Aguas Calientes, que se ha convertido en un pueblo "incrustado" en las laderas del cerro, con hoteles de seis pisos, restaurantes, dos prostíbulos, un café con conexión a internet, un mercado ambulante y un espacio para las
viviendas de los pobladores.
Para el especialista peruano en reservas naturales Alberto Martorell, Machu Picchu "es un ejemplo de planificación parcial motivada por factores económicos y donde siempre los ingresos se convirtieron en un atractivo para los pobladores cercanos que se han
trasladado al núcleo urbano".
La próxima semana, en la 28 sesión de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) que se celebrará en la ciudad china de Suzhou, se va a decidir si se declara a Machu Picchu patrimonio "en peligro".
Una de las personas a las que se culpa de permitir el caos que reina en el pueblo situado bajo Machu Picchu, que maneja la empresa de los autobuses que llegan a la ciudadela y que autoriza de manera arbitraria las licencias de construcción y funcionamiento en la zona es el actual alcalde de Aguas Calientes, Oscar Valencia.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, César García, culpó al actual alcalde de Aguas Calientes, Oscar Valencia, de permitir el caos en el pueblo y lo criticó por acaparar diversos negocios que se nutren de la ciudadela.
Según García, el edil gestiona la empresa de los autobuses que llega a las ruinas y autoriza de manera arbitraria las licencias de construcción y funcionamiento en la zona.
Oscar Valencia, del partido aliado al gobierno Frente Independiente Moralizador (FIM), dijo a EFE que su municipio es responsable del reordenamiento urbano y admitió no haber limitado el crecimiento en zonas de riesgo.
"Es verdad que se ha construido en zonas no permitidas, pero la problemática es peruana. En Machu Pichu es aún peor porque en este pueblo no hay donde se pueda crecer", dijo Valencia.
Los especialistas en Machu Picchu consideran que lo único que ha salvado la ciudadela ha sido su difícil acceso desde Cuzco ya que la línea férrea es de vía angosta lo que limita el número de turistas.
El burgomaestre de Machu Picchu-Pueblo consiguió en abril pasado que el congreso peruano aprobara que el 10 por ciento de los ingresos de la ciudadela se quedaran en el municipio, lo que supone un importe anual de unos 700.000 dólares.
"La gente vive acá hace 200 años", afirmó el alcalde, quien consideró que la consultora encargada por la UNESCO de preparar el informe que se estudiará en China "ha sesgado su opinión para echarle la culpa al pueblo".
Valencia enfrenta diversos procesos judiciales, entre ellos por construcciones ilegales y trato privilegiado a sus empresas.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional desestimó una ordenanza municipal firmada por Valencia con la que pretendía ampliar las concesiones para su empresas de transporte de viajeros, que, según César García, ingresa anualmente más de 4 millones de
dólares.
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